Cuando una administración falla, casi nunca es un problema abstracto: termina siendo dinero que sale del bolsillo de los propietarios, vía gastos comunes, multas o pérdidas que no se recuperan. Estos son tres casos y antecedentes reales —no hipotéticos— que ilustran ese riesgo.
Un administrador, $20 millones y varias denuncias previas
En un condominio de Las Condes, los propios vecinos denunciaron a su administrador por una presunta estafa cercana a los $20 millones, según reportó Chilevisión. De acuerdo con el reportaje, el dinero comprometido incluía el fondo de reserva del edificio y remuneraciones de trabajadores, y habría existido firma falsificada del presidente del comité en cheques usados para mover esos fondos. El caso no fue aislado: según la misma investigación, el administrador acumulaba denuncias similares en otras comunidades de la Región Metropolitana desde 2019.
Lo relevante para cualquier comité de administración no es el monto exacto, sino el patrón: un fondo de reserva sin doble validación y rendiciones que nadie reza ni cruza con respaldos, son la combinación que permite que esto ocurra y que se repita varias veces antes de ser detectado.
Un vacío legal que recién se está corrigiendo
Parte del problema es normativo. Según un reportaje de Diario Constitucional, la Ley 21.442 regula obligaciones económicas de la administración, pero no contemplaba una sanción específica para la malversación o el mal uso de fondos comunes. Por eso un grupo de diputados presentó, en septiembre de 2025, un proyecto que tipifica como falta grave la apropiación indebida o la administración negligente de fondos comunes, con una inhabilitación de hasta 5 años para ejercer cargos directivos en comunidades, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que ya existen hoy.
Multas que no son fraude, pero igual las paga la comunidad
No todo costo viene de un delito. Según DS Certificaciones, la Ley 20.296 exige que los ascensores de un edificio mantengan su certificación vigente ante el MINVU, con sanciones de hasta 150 UTM por equipo sin certificar —un edificio con varios ascensores sin certificación al día puede acumular varias veces ese monto—, además de la posible clausura del equipo mientras no se regularice. La fiscalización corresponde a la Dirección de Obras Municipales y la responsabilidad recae tanto en los propietarios como en el administrador a cargo.
Es un ejemplo entre varios: lo mismo aplica a certificaciones de sistemas de incendio, pólizas de seguro vencidas o contratos que nadie revisa hace años. Ninguno de estos descuidos requiere mala fe; basta con que nadie esté llevando el control.
Qué puede revisar tu comunidad para evitar estos costos
- Si el administrador está inscrito en el Registro Nacional de Administradores y si esa inscripción está vigente.
- Si las rendiciones de cuentas llegan con respaldo documental, no solo con un resumen verbal en la asamblea.
- Si el fondo de reserva tiene algún tipo de doble validación o control externo sobre sus movimientos.
- Si las certificaciones obligatorias del edificio (ascensores, sistemas de incendio, instalaciones eléctricas) están vigentes y con fecha de vencimiento conocida.
- Si las pólizas de seguro del condominio están al día y cubren lo que el comité cree que cubren.
Cómo ayuda GlobalServ
En GlobalServ trabajamos justamente sobre estos puntos: nuestro servicio de Control de Gestión de Comunidades ordena la administración financiera y documental del condominio, Asesorías a Comités apoya al comité en la fiscalización de su administración actual, y Optimización de Seguros y Auditorías revisa pólizas y certificaciones para que ninguna quede vencida sin que nadie se entere. Si quieres una segunda mirada sobre la administración de tu comunidad, puedes contactarnos.